Los gobiernos comenzaron a poner en juego distintas estrategias para enfrentar la reciente amenaza que se expande como un virus maligno en todo el país: las amenazas de ataques en establecimientos escolares que se repiten desde que el lunes 30 de marzo un chico de 15 años, inimputable según la ley vigente, disparó con la escopeta de caza de su abuelo en el patio de entrada de la Escuela Normal N°40 de la localidad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero de 13 e hirió a otros dos.

Priman diversos ejes. Están los que iniciaron caminos netamente preventivos, con revisiones de mochilas a los alumnos antes del ingreso en aquellos colegios en los que se detectaron amenazas, hasta los que preparan a los planteles docentes para hacer frente a episodios de violencia, con guías y protocolos de acción, coordinados con fuerzas de seguridad.

La Ciudad y la provincia de Buenos Aires informaron ayer a los directivos de sus instituciones educativas los protocolos y guías orientativas de actuación inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o la presencia de armas en las escuelas. Comprende diversos pasos, desde atender las situaciones de alerta −y las respectivas comunicaciones jerárquicas y acciones administrativas internas para identificar a los autores y trabajar con los alumnos− hasta qué hacer si un chico lleva un arma a la escuela.

En todos los casos se prevén acciones diversas de trabajo pedagógico con los estudiantes y con sus familias para abordar la cuestión y se propone, también, fortalecer acuerdos de convivencia y cuidado digital, en consonancia con las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Fundamentalmente, se instó a los directivos a “no viralizar los mensajes, ya que se genera miedo y se estimula la repetición”.

También están los que pondrán en juego tácticas punitivas previstas en el Código Civil, por el cual se atribuye un deber de resarcimiento al responsable de un daño injustificado −el autor de las amenazas, en este caso− y, solidariamente, también a los padres por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos.

Durante el fin de semana lo había resuelto así el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, quien había adelantado que notificará a los padres de los jóvenes que sean hallados penalmente responsables de las amenazas detectadas en escuelas de la mayor ciudad balnearia de la Argentina. El jueves ya había sido identificado un alumno de 17 años del colegio Fray Mamerto Esquiú como autor de las intimidaciones a su escuela.

Y ayer siguió esa senda Santa Fe. En la provincia, que inmediatamente después de ocurrida la masacre de San Cristóbal desplegó equipos multidisciplinarios para llevar adelante trabajos con las comunidades educativas y delineó protocolos de acción ante nuevos episodios de esta índole, ahora se cargará a la cuenta de los padres el costo de los operativos policiales necesarios para atender cada nueva amenaza en una escuela.

Tras afirmar que las amenazas de tiroteos en escuelas “no son una broma, sino un delito” e implica montar procedimientos que tienen un costo estimado entre 5 y 6 millones de pesos, anunciaron que los autores de esos actos que provocan desasosiego y perjudican a miles de alumnos de todos los niveles tendrán que pagar la cuenta.

“Una vez que se compruebe la responsabilidad del involucrado, este o su familia deberán hacerse cargo y costear el procedimiento”, anunció el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni.

La ola de casos de amenazas tuvo su pico la semana pasada. El viernes pasado se sumaron 65 denuncias por amenazas, casi todas idénticas, mediante carteles dejados en baños de los establecimientos educativos.

Por eso, Cococcioni fue contundente al remarcar el alcance de las sanciones: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, subrayó.

El ministro hizo hincapié en las consecuencias que tienen estos hechos a futuro, al ser eventos punibles. Citó un ejemplo: ante la solicitud de certificados o permisos de viajes, lo acontecido puede tener antecedentes negativos, añadió.

“Cuando ocurre un hecho de las características del acaecido el 30 de marzo pasado en San Cristóbal luego aparece un segundo capítulo”, explicó el funcionario. Ese capítulo es el que se conoce como el “efecto copycat”, o de imitación, en el que las amenazas se convierten en virales, lo que hace imposible predecir si todas son falsas alarmas o determinar, en un cortísimo plazo de tiempo, si alguna es verosímil, por lo que todas las situaciones son puestas en el mismo nivel de alerta y obligan a montar operativos.

En rueda de prensa, el titular del área Seguridad de Santa Fe comentó que “ante cada denuncia, las fuerzas de seguridad intervienen de manera coordinada con la Fiscalía” y que “los procedimientos incluyen aprehensiones, allanamientos y secuestro de celulares y dispositivos electrónicos con el objetivo de identificar a los responsables”.

Confirmó al respecto que “hay varios detenidos a disposición de la Justicia” tras haberse confirmado su participación en las amenazas tras los allanamientos concretados el pasado viernes.

Ante una consulta, Cococcioni explicó que muchos de estos casos no se difunden en detalle porque la mayoría de los involucrados son menores de edad, lo que exige resguardar las investigaciones dentro del marco del fuero penal juvenil.

Aun así, remarcó que las actuaciones existen y avanzan porque “el Estado toma estos hechos con la mayor seriedad”.

Sobre el monto de cada operativo que el gobierno decidió que deberán afrontarlo el alumno y/o su familia, el ministro Cococcioni indicó que cada vez que hay una denuncia son convocados a actuar policías, bomberos, dispositivos de emergencia, además de efectivos de refuerzos que se cubren con horas extra debido a que es necesario buscar fuerzas adicionales para garantizar la seguridad en el territorio provincial.

También se destacó el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la investigación de estos hechos. El organismo utiliza herramientas tecnológicas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar con rapidez en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos de domicilios, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, dijo que “las amenazas son delito y traen consecuencias” y destacó que se potenciarán los programas de educación digital y las rondas de convivencia. “Estamos construyendo herramientas que mejoran la situación”, manifestó.

Intimidación pública

Días atrás, la flamante vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, insistió en la responsabilidad de los actos por parte de menores y sus familias e instó a la comunidad educativa a seguir abordando el tema.

“Las amenazas de ataques en escuelas deben ser tomadas con seriedad porque se trata de un delito de intimidación pública, con consecuencias penales”, dijo.

Reconoció que, al igual que Santa Fe, en otras provincias están pasando por lo mismo, tema que se abordó en la reunión del jueves pasado en el Consejo Federal de Educación.

Precisamente después de esa reunión, que se desarrolló en una semana en la que arreciaron las pintadas que prometían tiroteos y muerte en los colegios (afortunadamente, ninguna en serio, aunque todas igualmente preocupantes y con consecuencias, porque muchos chicos no quisieron ir a la escuela o sus padres temieron mandarlos), las provincias desplegaron medidas preventivas.

Hubo allanamientos, operativos, inspecciones de mochilas y comunicaciones a familias y docentes.

En Salta, por ejemplo, se reforzaron los controles en el ingreso de los establecimientos educativos. En un colegio, por caso, fueron revisadas las mochilas de 400 alumnos.

En Tucumán también se intensificaron los controles y hubo un importante refuerzo de la presencia policial en las cuadras donde funcionan las escuelas del distrito.

En Corrientes, al igual que lo habían hecho en Santa Fe inmediatamente después del tiroteo en San Cristóbal, se les pidió a los estudiantes que no portaran sus mochilas y que llevaran en sus manos los útiles que usarían cada día.

La falta de claridad sobre el arte corporal en muchas ocasiones produce incertidumbre en el proceso migratorio para tramitar la green card. No obstante, no hay ninguna norma que impida a alguien con tatuajes ser candidato, incluso si estos son visibles en la cara. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se centra en la norma de “buen carácter moral”. Esta indica que los diseños solo tienen importancia si indican una conexión demostrable con pandillas u organizaciones criminales.

Cómo evalúa el Uscis los tatuajes en solicitudes migratorias en EE.UU.

El Civil Surgeon interviene en el proceso con un rol sanitario. El médico autorizado completa el formulario I-693 para analizar las condiciones de salud pública y, si bien puede apuntar marcas distintivas o características físicas, no tiene que describir cada diseño ni realizar un “control de tatuajes”. El examen es médico, no de seguridad, y el sistema no envía alertas automáticas si encuentra tinta.

Bajo la normativa 8 U.S.C. 1427, los aspirantes deben demostrar una conducta intachable durante los últimos cinco años. Es en la entrevista con el oficial del Uscis donde el contexto de un tatuaje podría ser cuestionado si existe sospecha de actividad delictiva.

Según explicó la abogada Carolina Ortúzar en una entrevista con Telemundo Houston, existen ciertos símbolos que las autoridades consideran como alertas. “Es importante consultar con un abogado, ya que estos tatuajes podrían asociarse con pandillas y las autoridades podrían negarte la oportunidad de ingresar”, sostuvo.

Tatuajes y migración: errores de interpretación que afectan trámites en EE.UU.

La ausencia de antecedentes penales suele ser la mejor defensa. A pesar de esto, la discrecionalidad del oficial puede generar inconvenientes. En su informe, Telemundo Houston remarcó casos en los que la simbología religiosa o cultural fue mal entendida:

• El peligro de confusión: se registraron casos en los que las máscaras teatrales o los tatuajes de la Virgen de Guadalupe fueron asociados por error con la Mara Salvatrucha, lo cual dificultó los trámites para personas que no tenían un historial delictivo.
• La entrevista en persona: si el oficial migratorio piensa que una marca infringe los requisitos de admisibilidad, tiene la autoridad para preguntar sobre su significado.

“Esto es lo que le pasó a Sandra Muñoz quien en el 2008 se casó con el salvadoreño Luis Ascencio. Al querer regularizar su situación migratoria, Estados Unidos le negó la residencia permanente alegando que sus tatuajes son relacionados con la pandilla Mara Salvatrucha“, recordó en el portal mencionado.

“Ella dice que su esposo no tiene antecedentes criminales ni está vinculado con pandillas. Las imágenes en su cuerpo dice, son de la Virgen de Guadalupe, máscaras de teatro y otros”, aseveró.

Claves para evitar problemas en trámites migratorios por tatuajes visibles en EE.UU.

Cabe destacar que no es obligatorio cubrir ni borrar los tatuajes por regla general, pero sí es beneficioso poder explicar su procedencia personal o artística.

Cuando un diseño es muy agresivo o puede ser interpretado de dos maneras, la asesoría legal antes de la cita con el Civil Surgeon y la entrevista con la entidad es una medida recomendable para evitar impedimentos dentro del expediente migratorio, de acuerdo con la letrada.

Una nueva amenaza vinculada a un posible ataque generó alarma en la escuela Nuestra Señora de Luján, de La Plata, en el marco de una seguidilla de episodios similares que mantienen en vilo a la comunidad educativa.

El caso salió a la luz luego de que familias denunciaran mensajes difundidos en redes sociales y estados de WhatsApp entre estudiantes, en los que se incluían frases como “entre las dos matamos a alguien”, lo que activó una investigación judicial.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la denuncia fue radicada en la comisaría 9ª y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Menores, que busca determinar el alcance de las amenazas y la responsabilidad de los involucrados.

El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación, ya que el mismo establecimiento registró otros hechos recientes: días atrás apareció una advertencia escrita en un baño sobre un posible ataque y, además, un alumno de quinto año llevó un arma de aire comprimido y la réplica de plástico de una pistola.

“Se activó el protocolo, intervino la policía y el alumno y su familia fueron trasladados a una comisaría”, informó el diario El Día.

Tras lo sucedido, las autoridades escolares adoptaron medidas preventivas, como dar aviso a las autoridades, convocar a las familias y reforzar controles en el ingreso, incluyendo la revisión de mochilas y pertenencias de los estudiantes.

Ante la situación, el gobierno provincial difundió entre sus planteles educativos una exhaustiva guía con “orientaciones par ala actuación inmediate ante la detección de mensajes amenazantes o presencia de armas en el escenario escolar”, según consta en la comunicación a la que accedió LA NACION.

Define “situaciones de alerta” ante la circulación de mensajes que refieran a un posible tiroteo o a la presunta presencia de armas ante los cuales la institución educativa implicada “a intervendrá bajo los principios de celeridad, protección y promoción de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, y corresponsabilidad”.

La comunicación explica que “se priorizará en todo momento el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad, sin dilaciones y con carácter estrictamente institucional, evitando cualquier acción individual y teniendo en cuenta elementos contemplados en el Plan de prevención de riesgo, de modo de evitar que escale el conflicto o la exposición a mayores riesgos”.

Para el caso de “mensajes de amenaza en el escenario escolar”, se establece la comunicación desde la escuela hacia los escalones superiores en la jerarquía educativa, en tanto que los directores deberán radicar las denuncias ante la fiscalía de la jurisdicción, pero deberán evitar, “en esta instancia”, la identificación de los estudiantes implicados.

En caso de “exposición de un arma en el escenario escolar”, los directivos y docentes deberán “considerar siempre cualquier arma de fuego como si estuviera cargada”. Deberán intentar “calmar y dialogar” con el estudiante mientras otro directivo llama al 911; pedirle que saque el dedo de la cola del gatillo y que deposite el arma en una superficie plana de donde no pueda caerse, mientras se espera la llegada de la fuerza pública y se evacúa las aulas y se pone a resguardo a alumnos y docentes. Las armas solo podrán tocarlas los efectivos policiales que tomen intervención.

El protocolo también establece cómo serán las acciones posteriores. “Es fundamental planificar intervenciones socioeducativas integrales que atiendan las particularidades de cada comunidad y sus afectaciones. Asimismo, deberán planificarse acciones en el corto, mediano y largo plazo que contemplen lo institucional, la intersectorialidad y la comunicación con familias y referentes afectivos”, reza la comunicación.

La guía propone, en ese sentido:

Sostener espacios de trabajo pedagógico con estudiantes que permitan abordar la situación.

• Acompañar a familias y referentes afectivos al cuidado de NNAyJ.
• Elaborar el informe de situación de conflicto y evaluar institucionalmente lo actuado de manera de profundizar y/o redireccionar las intervenciones socioeducativas.
• Fortalecer acuerdos de convivencia y cuidado digital.

Se cerró este lunes la octava fecha de la edición 2026 del Súper Rugby Américas, que significó la primera de la segunda rueda, y Pampas XV continúa en lo más alto de la tabla de posiciones perseguido por otras dos franquicias argentinas, Dogos XV y Capibaras.

El conjunto bonaerense se impuso a Yacaré XV de Paraguay 31 a 14 y con su séptimo triunfo llegó a los 36 puntos. Además, quedó a un paso de las semifinales porque tiene una gran ventaja sobre el quinto. Su único escolta es Dogos con 32 unidades, luego de su contundente alegría sobre Cobras Brasil, el último, 48 a 19.

En el cierre de la jornada Capibaras XV se impuso a Peñarol en Uruguay 38 a 32 y subió al tercer escalón. Pero el gran ganador de la fecha fue Selknam. La franquicia de Chile superó a Tarucas 37 a 13 como local y se le arrimó a una unidad (22 contra 23 de los del Noroeste Argentino).

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Cronograma de la fecha 9

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 24 de abril

• 20.06: Dogos XV vs. Pampas XV.

Sábado 25 de abril

• 20.06: Yacaré XV vs. Selknam XV.

Domingo 26 de abril

• 15: Cobras Brasil vs. Capibaras.
• 18: Tarucas vs. Peñarol

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025 volvió a ganar Peñarol.

1. Peñarol Rugby - 3
2. Jaguares XV / Dogos XV - 1

Un grave accidente durante el Rally Sudamericano en Córdoba dejó un saldo fatal y obligó a suspender la competencia en su jornada decisiva. El hecho ocurrió el domingo 19 de abril en Mina Clavero, en el tramo Giulio Cesare, cuando un auto perdió el control y terminó impactando contra el público.

El episodio generó conmoción en el ambiente del automovilismo y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias.

Cómo fue el accidente

Según la información preliminar, el vehículo involucrado —un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez— se despistó en una curva a alta velocidad.

El auto comenzó a dar tumbos y se dirigió hacia una zona donde había espectadores, lo que provocó el impacto. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se desplegó asistencia médica en el lugar.

Víctimas y heridos

En un primer momento se informó que había al menos tres personas heridas, entre ellas una menor de edad. Con el correr de las horas se confirmó la muerte de un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, quien había ingresado con lesiones graves.

Entre los heridos, una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo y se encuentra fuera de peligro. Su hija, que también fue alcanzada por el vehículo, presentó golpes leves.

Los pilotos del auto no registraron heridas de gravedad.

Suspensión y comité de crisis

Tras el accidente, las autoridades neutralizaron de inmediato el tramo para facilitar la asistencia y garantizar la seguridad en la zona.

Horas después, la organización decidió cancelar definitivamente la competencia y conformó un comité de crisis para coordinar la atención de los afectados y avanzar en la investigación.

Qué se investiga

Por estas horas, el foco está puesto en determinar qué originó el despiste. Se aguardan informes oficiales para establecer si hubo fallas mecánicas, errores humanos o factores externos.

El hecho ocurrió en un sector que suele concentrar gran cantidad de público, especialmente en zonas de curvas y descensos, donde el riesgo es mayor.

Seguridad en debate

La tragedia volvió a poner en discusión los riesgos propios del rally, una disciplina que combina alta velocidad con terrenos exigentes y cercanía con los espectadores.

Si bien existen protocolos estrictos sobre la ubicación del público, en muchos casos los asistentes se ubican en sectores no habilitados para obtener una mejor visión, lo que incrementa el peligro ante eventuales despistes.

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés) inició oficialmente una nueva etapa en la puesta en marcha de su sistema de transporte interno. Este lunes comenzaron las pruebas operativas del Automated People Mover (APM, por sus siglas en inglés), un tren eléctrico automatizado que será gratuito para los pasajeros.

El tren eléctrico del aeropuerto ya circula en pruebas por Los Ángeles

Según ABC7 Los Angeles, los vagones ya están en movimiento dentro del aeropuerto como parte de la fase de verificación previa a su apertura al público.

El sistema APM comenzó sus pruebas operativas sin pasajeros, lo que significa que los trenes ya recorren su ruta completa y simulan un servicio real.

Estas pruebas incluyen:

• Circulación en horarios programados
• Operación continua como si el servicio estuviese activo
• Supervisión técnica de estaciones y recorridos

Esta etapa es clave para confirmar que el sistema funciona correctamente antes de abrir al público.

“Es realmente emocionante, porque no solo es un hito para el proyecto, sino que también lo será para todos nuestros visitantes”, declaró Jake Adams, según el medio citado.

La condición para que el tren eléctrico gratuito de Los Ángeles funcione

Fuentes como LAist detallan que el sistema aún no puede abrir al público porque debe cumplir una condición estricta: operar al menos 30 días consecutivos sin complicaciones importantes.

Si ocurre una falla grande, el conteo se reinicia como parte de la certificación final de seguridad.

Cómo funciona el tren eléctrico y gratuito de Los Ángeles

El APM es un sistema de transporte gratuito que conectará distintos puntos clave dentro de LAX, que incluye terminales, estacionamientos y centros de transporte.

El recorrido total será de aproximadamente 3,6 kilómetros (2,25 millas) y está diseñado para reducir la dependencia de autobuses internos y vehículos privados en el aeropuerto.

La finalidad es mejorar la fluidez del tránsito y reducir la congestión en las terminales, además de modernizar la experiencia de viaje.

Tren eléctrico del aeropuerto de Los Ángeles, un proyecto esperado desde hace años

El nuevo transporte aeroportuario fue anunciado como una de las principales mejoras de infraestructura de LAX, pero su construcción ha enfrentado retrasos desde que comenzó, en 2019.

Entre los factores principales están ajustes en la construcción, problemas técnicos y procesos legales relacionados con su desarrollo.

De acuerdo con ABC7, estos retrasos pospusieron su apertura varias veces, aunque actualmente se encuentra en su fase final de pruebas.

Qué cambiará cuando entre en operación el tren de LAX

Cuando el sistema esté completamente activo, los pasajeros podrán moverse entre terminales y conexiones de transporte sin necesidad de salir al tráfico del aeropuerto. Los beneficios son:

• Traslados más rápidos dentro de LAX
• Menos congestión vehicular en terminales
• Conexión directa con transporte público externo

Bajo el lema “Crecer, crecer”, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) celebraba esta noche su cena anual, en el marco de su 26° aniversario. En ese ámbito, las autoridades de la organización advirtieron que la Argentina atraviesa un “momento bisagra”, que incluye una oportunidad abierta para encarar un sendero de desarrollo sostenido.

El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reunía a referentes de distintos espacios políticos, gobernadores, intendentes, funcionarios nacionales y legisladores del oficialismo y la oposición -desde el peronismo hasta el radicalismo y Pro-, además de empresarios, diplomáticos y líderes de opinión.

En su primer discurso como director ejecutivo, el economista y exdiputado nacional Luciano Laspina planteó que el principal desafío del país “más que económico, es político”. En esa línea, llamó a construir “una visión de futuro compartida, centrada en el progreso, la integración y la inclusión”, que permita superar “la lógica de las dos argentinas”, atravesadas históricamente por la confrontación.

Laspina, que asumió el cargo en marzo en reemplazo de Gala Díaz Langou, inscribió su planteo en un contexto económico y político exigente para el Gobierno. El último dato de inflación -3,4% en marzo, con un acumulado de 9,4%- quedó por encima de las expectativas oficiales y fue considerado negativo incluso por el propio presidente Javier Milei.

A ese escenario se suma el frente político, atravesado por las repercusiones en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por sus gastos en viajes y propiedades, y por una creciente tensión con la prensa. Según un relevamiento de LA NACION, durante el fin de semana de Pascuas, Milei publicó 86 tuits críticos hacia medios y periodistas y republicó otros 874 mensajes de terceros.

En ese marco, uno de los ejes del discurso de Laspina cobró especial relevancia: la necesidad de acuerdos. “La Argentina es una máquina de generar crisis. Sabemos que necesita algo más que agendas y reformas: precisa acuerdos”, sostuvo.

El economista propuso avanzar hacia “un acuerdo político mínimo, simple y duradero”, que no se limite a sectores afines, sino que incluya a quienes piensan distinto. Entre sus pilares, mencionó el respeto a los contratos, el equilibrio fiscal y la eliminación del financiamiento monetario del déficit.

“Es un acuerdo pre ideológico, en el que ganamos todos: le sirve al oficialismo para gobernar mejor y a la oposición para ser más competitiva”, afirmó. Y remarcó que la clave está en sostener esas reglas en el tiempo: “Las buenas instituciones no son más que normas sanas que logran perdurar”.

Previamente, el presidente del Consejo de Administración de Cippec, José Orlando, definió el escenario actual como una instancia de oportunidad. “La Argentina se encuentra en un momento bisagra, pero seguimos discutiendo el pasado, desconectados de una nueva realidad que se está construyendo en un contexto global de extrema complejidad”, advirtió.

Orlando subrayó que el país arrastra “pendientes impostergables”, con diagnósticos largamente conocidos, y planteó que avanzar en esas reformas exigirá “decisión política, lucidez y generosidad dirigencial”, junto con apoyo social y sentido de urgencia. “Lo que está en juego es muy relevante para el futuro de nuestro país y Cippec está comprometido a aportar lo que nos compete”, concluyó.

El encuentro contó con una amplia presencia política y empresarial. Entre los gobernadores estuvieron los mandatarios de Pro Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Por el oficialismo asistieron, entre otros, la senadora Patricia Bullrich, el ministro Federico Sturzenegger, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el legislador Sebastián Pareja, y el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Desde la oposición participaron el jefe de Pro en Diputados, Cristian Ritondo; el radical Eduardo Vischi; el líder del MID, Oscar Zago; la senadora salteña Flavia Royón; el jefe del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez; el socialista Esteban Paulón; el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y la legisladora radical Pamela Verasay.

También asistieron el presidente de la UIA, Martín Rappallini; el presidente de Café Cabrales, Martín Cabrales; el ex titular del Indec, Marco Lavagna; y la ex canciller Diana Mondino.

SANTIAGO DEL ESTERO.- La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay de la causa por presunto lavado de dinero por la que se pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

El viernes, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, pidió la indagatoria y detención de los mandamases de la AFA y otras personas.

La petición debía ser resuelta por Argibay, el juez federal de 2 Nominación de Santiago del Estero, que se reincorpora a sus actividades el próximo martes.

Sin embargo, el fiscal recusó a Argibay, con el argumento de que la hija del juez, Pilar Argibay, le había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo, el tesorero de AFA, y esa operación es parte del expediente por lavado y asociación ilícita que ya acumula 10.000 fojas en Santiago del Estero.

El fiscal sostuvo que Argibay debe apartarse de la causa por la relación de su hija con los negocios de la familia Toviggino.

La recusación fue finalmente aceptada por la jueza Marina Cossio, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Cossio es un apellido conocido en la vida pública tucumana, con familiares en el derecho, la salud y en cargos públicos.

“El caso se mediatizó mucho y por eso creemos que Cossio fallará este mismo lunes”, habían deslizado este fin de semana desde la oficina de Pedro Simón, quien en un breve diálogo con LA NACION aseguró que “es una investigación compleja que llevó cuatro meses de análisis de documentación de gran volumen y diversa como informes de Arca, bancos, y otros organismos, hasta alcanzar 10.000 fojas”.

Aceptado el apartamiento de Argibay, decisión que se tomó ayer y se formalizará este martes, debería subrogar Guillermo Molinari por ser el otro magistrado federal de la provincia. Si Molinari se excusa, debería tomar la causa Miguel Contreras o Guillermo Díaz Martínez, de Catamarca, o el único titular que tiene Tucumán, que es José Díaz Vélez.